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LA RECLAMACIÓN VENEZOLANA SOBRE EL TERRITORIO ESEQUIBO EN EL
MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Helio Antonio Requena Bandres1
heliorequenab@gmail.com
Universidad de la Barra Interamericana de
Abogados, México/
Universidad Bicentenaria de Aragua
https://orcid.org/0009-0008-9920-7509
Sergio A. Pérez Saya2
perezsaya@gmail.com
Universidad Bolivariana de Venezuela/
Universidad Bicentenaria de Aragua
https://orcid.org/0009-0005-8463-2842
Julio César Arias Rodríguez3
abogadojarias123@gmail.com
Universidad Santa María/
Universidad Bicentenaria de Aragua
https://orcid.org/0009-0001-2512-2595
Julio César Pineda Pabón4
jcpineda01@gmail.com
Universidad Bicentenaria de Aragua
https://orcid.org/0009-0000-7098-6563
Recibido: 22/5/2023 Aprobado: 27/7/2023
Resumen
El presente trabajo tiene como propósito presentar una visión pedagógica de la controversia que
sobre el territorio Esequibo mantienen Venezuela y Guyana. Se bosquejan, en líneas generales,
los antecedentes históricos de la reclamación venezolana, así como las condiciones geográficas
del territorio en reclamación. Seguidamente, se proponen algunos temas como base para un
acercamiento con los sectores educativos guyaneses, por medio de convenios que faciliten el
intercambio de experiencias pedagógicas y la planificación de proyectos conjuntos, relacionados
con el manejo de los recursos naturales. Estos proyectos se considerarían desde la óptica del
desarrollo sustentable, marco que resultaría beneficioso para ambos países. Se exponen algunos
elementos conceptuales referidos a la educación ambiental, concebida como un enfoque
transversal, aplicable en el sistema educativo venezolano para abordar la enseñanza de las
condiciones físicas y humanas del territorio Esequibo. Se concluye con un llamado a la
conservación de la territorialidad venezolana y una amplia bibliografía.
1
Abogado, USM. Especialista en Derecho Procesal, UCAB. Especialización en Protección Jurisdiccional,
Universidad Bandeirante, Brasil. Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Latinoamericana y del
Caribe. Postdoctorado en Derecho, Educación y Relaciones Internacionales, UPEL. Profesor en el
Doctorado en Derecho, Universidad de la Barra Interamericana de Abogados en Ciudad de México.
Doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Bicentenaria de Aragua.
2
Abogado, Universidad Santa María. Especialista en Derecho Procesal Civil, UBA. Especialista en
Derecho de Familia y del Niño, UCAB. Profesor en UBA. Doctorando de la Universidad Bicentenaria de
Aragua en Ciencias Jurídicas.
3
Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad
Católica Andrés Bello. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Santa María. Doctorando en
Ciencias Jurídicas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Doctorando en Derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello.
4
Profesor de Filosofía, Instituto Pedagógico de Caracas. Abogado, Universidad Central de Venezuela.
Doctor en Derecho Internacional Público, Universidad Latinoamericana y del Caribe. Embajador Emérito
de la República Bolivariana de Venezuela.
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Palabras clave: Educación ambiental; desarrollo sustentable; territorio Esequibo; Venezuela;
Guyana.
THE VENEZUELAN CLAIM ON THE ESSEQUIBO TERRITORY IN THE
FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Abstract
The purpose of this paper is to present a pedagogical vision of the controversy that Venezuela and
Guyana maintain over the Essequibo territory. In general terms, the historical background of the
Venezuelan claim is outlined, as well as the geographical conditions of the territory under claim.
Next, some topics are proposed as a basis for an approach with the Guyanese educational sectors,
through agreements that facilitate the exchange of pedagogical experiences and the planning of
joint projects, related to the management of natural resources. These projects would be considered
from the standpoint of sustainable development, a framework that would be beneficial for both
countries. Some conceptual elements related to environmental education are exposed, conceived
as a transversal approach, applicable in the Venezuelan educational system to address the teaching
of the physical and human conditions of the Essequibo territory. It concludes with a call for the
conservation of Venezuelan territoriality and an extensive bibliography.
Keywords: Environmental education; sustainable development; Essequibo territory; Venezuela;
Guyana.
Introducción
El presente trabajo aborda, desde la óptica de la educación ambiental, el problema
de la reclamación venezolana sobre el Esequibo, territorio disputado al país por Gran
Bretaña, desde finales del siglo XIX, y ocupado arbitrariamente; controversia que, desde
la independencia de Guyana en 1966, Venezuela mantiene con la excolonia británica.
El artículo, producto de una investigación documental, tiene como propósito
presentar una visión pedagógica de esta problemática, a la vez que proponer algunos
temas que podrían servir de base para un acercamiento con los sectores educativos
guyaneses, por medio de convenios que faciliten el intercambio de experiencias
pedagógicas y la planificación de proyectos conjuntos. Estos proyectos se conciben en
relación con el manejo de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables,
considerados desde la óptica del desarrollo sustentable, visión que, a todas luces, redunda
en beneficio de ambos países.
Con este trabajo también se aspira ofrecer una amplia selección bibliográfica y
hemerográfica, que pueda servir de base para las actividades didácticas aquí sugeridas en
sus lineamientos más generales.
Al mismo tiempo, se propone la posibilidad de utilizar la información ambiental
recabada y publicada por los investigadores guyaneses que ocupan el territorio
venezolano del Esequibo, para desarrollar temas de educación ambiental en la región
fronteriza, lo cual podría lograrse por medio de acuerdos educacionales para contribuir
con las relaciones entre ambos países en forma de cooperación y convivencia. Esta idea,
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sin duda, favorecería la imagen de Venezuela ante los pobladores del territorio Esequibo,
aprovechando el marco que ofrecen las reformas educativas impulsadas por la UNESCO
en el vecino país. En este proceso “se puso en marcha una reforma que sitúa el liderazgo
local, la equidad y la inclusión en un lugar prioritario para transformar el sistema
educativo (UNESCO, 2023).
Firmada el 16 de febrero por el Ministerio de Educación y una serie de socios
estratégicos, la declaración da respaldo al Acuerdo de Colaboración (Partnership
Compact). Forma parte del proceso una subvención para la mejora del sistema
educativo, otorgada por la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas
en inglés). El objetivo del proyecto es reforzar el liderazgo educativo, promover
un aprendizaje equitativo mediante el fortalecimiento de un liderazgo pedagógico
culturalmente sensible y eficaz, y mejorar la transparencia y la responsabilidad a
nivel de los distritos y escuelas. (UNESCO, 2023)
El medio ambiente ha sido conceptuado como una de las prioridades del siglo XXI
(Mejías y Gómez, 2009) e inclusive como el paradigma del milenio (León, 2009), lo cual,
de inmediato, pone de manifiesto la creciente importancia de la Educación Ambiental
para el presente y para el futuro cercano. Esta concepción emerge de la Conferencia
Intergubernamental sobre Educación Ambiental, efectuada en Tbilisi (Georgia, antigua
URSS) en 1977, organizada por la Unesco y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (Arana y García, 2000). Se trata de un concepto en constante y rápida
evolución, que incluye tanto la educación formal como la no formal y la informal.
En el caso de la primera modalidad educativa, la Educación Ambiental no debe
entenderse como una asignatura sino como un eje transversal, que involucra
prácticamente todas las áreas del conocimiento de las estructuras curriculares, en los
distintos niveles de cualquier sistema educativo (Estrada, 2018). Ello significa que tal eje
transversal deberá articular disciplinas de naturaleza tan disímil como lo pueden ser las
ciencias naturales, físicas y matemáticas, con las ciencias sociales y la formación artística.
Específicamente, en la educación superior, las ciencias jurídicas y políticas, así
como los estudios internacionales, habrán de incorporar amplios conjuntos de objetivos
y contenidos, relacionados con los complejos factores medioambientales (Meier, 2007),
los cuales constituyen un amplísimo espectro que incluye aspectos físicos, químicos,
biológicos, sociales, económicos y, desde luego, legales. Todos ellos deben estar
vertebrados a los efectos de la gestión de riesgos y del desarrollo sostenible, por la
pedagogía del medio ambiente (Estrada, 2018; Giolitto, 1984).
Ya en el presente, entre los problemas ambientales de mayor relevancia se
encuentra el cambio climático que, en los próximos años, podría agravarse a tal grado que
pasaría a ser la mayor amenaza a enfrentar por la humanidad (Flannery, 2006). Frente a
esta grave problemática, adquiere máxima importancia para todos los niveles educativos,
la preservación de los bosques tropicales, los cuales actúan como sumideros de dióxido
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de carbono y otros gases de efecto invernadero, a la vez que protegen los frágiles suelos
de la erosión pluvial y constituyen el hábitat de una rica biodiversidad. El tupido dosel
arbóreo de los bosques tropicales dominantes en grandes extensiones de territorio en
Brasil, Guyana y Venezuela, incluyendo el territorio Esequibo, constituye un factor
primordial en la conservación de las cuencas hidrográficas de grandes ríos, tales como el
Orinoco, el Caroní, el Esequibo y sus afluentes, estos últimos de inmenso potencial
hidroeléctrico. Igualmente, habría que ahondar en el hecho de que se constituye en un
recurso natural renovable, cada vez más amenazado, si la deforestación asociada a la
minería a cielo abierto, se extendiese a gran escala.
Como lo señalan diversos autores (Badell, 2023; Carpio Castillo, 1981; González
Oropeza y Donis, 1989; Morillo Dáger, 2014), fueron precisamente las riquezas mineras
de la región del Yuruari y su proyección hacia los probables yacimientos en el Esequibo,
el factor que desencadenó el proceso histórico del despojo territorial efectuado por Gran
Bretaña a Venezuela. Los actos de ocupación se concatenaron en el siglo XIX, con las
diferentes versiones de la llamada Línea Schomburgk, para continuar con el írrito Laudo
Arbitral de 1899 y, en el siglo XX, con el denominado Protocolo de Puerto España, de
1970 (Badell, 2023; Morillo Dáger, 2014).
Tales hechos resaltan la importancia de la integración de disciplinas como la
historia y la geografía, conjuntamente con las ciencias naturales, para el propósito de
abordar estos problemas desde la perspectiva de la educación ambiental (Arana y García,
2000; Novo, 2007), cuyos postulados y principios constituyen los fundamentos del
desarrollo sustentable, en concordancia con el artículo 326 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), la cual,
sobre esta materia, dispone:
La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado
y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia,
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y
conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la
satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los
venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político,
cultural, geográfico, ambiental y militar.
Con base en lo antedicho, seguidamente, se asientan algunas consideraciones
históricas referidas a la cuestión del territorio Esequibo y a la reclamación de Venezuela
sobre este espacio (Figura 1), hasta la situación de la demanda que, desde 2018, cursa
ante la Corte Internacional de Justicia (Badell, 2023).
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Figura 1
Mapa del territorio Esequibo, objeto de la reclamación venezolana, actualmente ante la
Corte Internacional de Justicia.
Fuente: Contramaestre Torres (2007)
Sinopsis histórica de una controversia limítrofe
En honor a la verdad histórica, no cabe duda respecto a que la Gran Bretaña
colaboró de manera decidida con el proceso independentista venezolano, desde su mismo
comienzo, hasta el punto de emitir un reconocimiento de facto de la situación de
beligerancia de las provincias de Venezuela (Salcedo Bastardo, 1996). Sin embargo, más
tarde no fue consecuente con esa actitud inicial, al llevar a cabo una usurpación territorial
en perjuicio de Venezuela, utilizando para ello toda su superioridad como primera
potencia militar mundial de aquellos años (Morales Paúl, 2000).
Respecto a la actuación diplomática venezolana, es necesario destacar, ante todo,
el hecho de que, desde la independencia, esta se desplegó con dedicación y espíritu
patriótico. Efectivamente, frente a las primeras maniobras británicas relacionadas con sus
pretensiones sobre el territorio del Esequibo, en 1819 el doctor José Rafael Revenga, por
instrucciones de Simón Bolívar, denunció la usurpación territorial ante las autoridades
británicas. Posteriormente, en 1824, el diplomático José Manuel Hurtado ratifica el río
Esequibo como límite de Venezuela.
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Más adelante, el Ministro Plenipotenciario en Londres, doctor Alejo Fortique, en
lo que se calificó de acertada y cida actuación, el 18 de noviembre de 1841, presentó
una nueva y más enérgica protesta pidiendo (…) que se eliminaran los hitos levantados
en territorio venezolano por el explorador Robert Schomburgk. Exigencias que se repiten
el ocho de diciembre y el 10 de enero de 1842(Morales Paúl, 2000, p. 121), lo que trajo
como consecuencia que, el 31 de enero, Gran Bretaña anunciara su intención de retirar
los hitos objeto de la protesta, la cual Fortique reiteró en tres oportunidades, la última de
ellas el 31 de enero de 1844 (Badell, 2023).
Cabe citar, luego, las gestiones de Rafael María Baralt, quien el 30 de agosto de
1841 escribió un informe (Memoria) referido al límite entre las Guayanas y más tarde
llevó a cabo relevantes investigaciones documentales en España y en Holanda. Destaca,
además, que Rafael María Baralt, historiador, periodista y hombre de letras apoyó al
diplomático Dr. Alejo Fortique en el cumplimiento de las instrucciones emitidas por el
gobierno venezolano en septiembre de 1841, para conseguir la remoción de los postes
levantados por Robert Schomburgk”, así como “la eliminación del puesto militar
levantado en el territorio venezolano, en el que se había izado la bandera británica”. Con
ello se propuso lograr que Gran Bretaña accediera a la negociación de un tratado con el
fin de fijar la frontera entre ambos territorios” (Badell, 2023, p. 575).
En los años sucesivos, Gran Bretaña aplicó una política de ocupación constante
de nuevos territorios ubicados al este del río Esequibo, no cedidos por Holanda. Llegó,
incluso, a falsear repetidamente la línea trazada por el explorador prusiano Robert
Schomburgk, en 1844, que abarcaba 4.920 kilómetros cuadrados. Así, se llegó a la
denominada línea Schomburgk extendida, que se iniciaba en punta Barima, en la
desembocadura del Orinoco y de allí se dirigía por los ríos Amacuro y Cuyuní, hasta el
pico Roraima.
Las gestiones diplomáticas venezolanas lograron la firma del acuerdo del 18 de
noviembre de 1850, mediante el cual las partes se comprometían a mantener el statu quo,
por lo que el territorio en disputa no podría ser ocupado por ninguno de los dos países.
No obstante
el acuerdo de 1850 no fue obstáculo para nuevas incursiones de los ingleses en
territorios que, hasta ese momento, no habían estado en disputa; además, el
descubrimiento de yacimientos de oro en la región de Yuruari hizo surgir nuevos
mapas, e hizo que la línea fronteriza reclamada por Gran Bretaña se siguiera
desplazando hacia el oeste. (Badell, 2023, p. 25)
Para 1876, la actuación de José María Rojas, quien fuera varias veces Ministro
Plenipotenciario de Venezuela en España, Francia, Holanda y Gran Bretaña, fue criticada
al proponer una línea fronteriza no autorizada por Guzmán Blanco. Rojas actuó durante
la etapa más ardua del proceso, cuando la reclamación inglesa se extendió hasta la
población de Upata. Rojas intervino, así mismo, ante el tribunal de París, instancia en la
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que dio activo apoyo a los integrantes de la representación venezolana. Es importante
resaltar que Rojas fue el único abogado venezolano que formó parte del equipo que
defendió los intereses de Venezuela durante el arbitraje. El 4 de octubre de 1899, una
vez dictado el Laudo Arbitral [Rojas] criticó severamente la decisión, señalando que se
trataba de una decisión irrisoria y una manifiesta injusticia” (Badell, 2023, p. 542).
El presidente Guzmán Blanco, en su momento, centró su gestión en la búsqueda
del arbitraje. Ante las reiteradas negativas británicas, a fin de lograr ese objetivo hizo
contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Como lo señala De Pedro Fernández
(1969), "su gestión personal, basada en el mantenimiento firme de las pretensiones
venezolanas, agudizó al máximo las relaciones con Gran Bretaña” (p. 192-193). Guzmán
rechazó las propuestas británico-estadounidenses, alegando las normas constitucionales
vigentes y, en nota de 28 de julio de 1881, exige el restablecimiento de las discusiones al
estado en que se encontraban en 1858. Años después, al final de su mandato denominado
el bienio (1886-1887), el presidente Guzmán Blanco ordenó la ruptura de las relaciones
diplomáticas con Gran Bretaña (de Pedro Fernández, 1969). En 1892, siendo Ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela el doctor Pedro Ezequiel Rojas, se tomó la acertada
decisión de contratar al abogado y ex diplomático norteamericano William Lindsay
Scruggs, especialista en cuestiones históricas y avezado periodista, a quien se le
encomendó una campaña a favor de Venezuela ante las autoridades estadounidenses.
Scruggs incluesta campaña en la publicación del libro Agresiones británicas contra
Venezuela. La doctrina Monroe a prueba, texto que entregó personalmente al presidente
Cleveland.
En vista de las pretensiones expansionistas británicas, con bases en una supuesta
cuarta línea Schomburgk, el gobierno venezolano rompió relaciones con la Gran Bretaña
y optó por someter la controversia limítrofe a una decisión arbitral. El gobierno inglés se
negó a esta petición y en 1895 se produjo el llamado incidente del Yuruán o incidente del
Cuyuní, en el cual algunos efectivos británicos, que habían ocupado el puesto militar
venezolano en la margen derecha de dicho río, fueron tomados prisioneros por tropas
venezolanas enviadas por el general Domingo Sifontes. Gran Bretaña utilizó este hecho
para exigir, mediante un ultimátum amenazante, la aceptación de la nueva línea
Schomburgk. Ante esta situación, Venezuela se vio forzada a solicitar la intervención de
los Estados Unidos (González Oropeza y Donis, 1989; Badell, 2023).
El 10 de enero de 1895, el Congreso norteamericano se pronunció de manera
unánime exigiendo que Inglaterra aceptara el arbitraje y el 20 de julio del mismo año el
presidente Cleveland, a través de su Secretario de Estado, Richard Olney, hizo saber a la
Gran Bretaña, mediante una firme nota diplomática, que la controversia con Venezuela
debía someterse a un arbitraje. Estados Unidos, en esta nota, invocaba la denominada
Doctrina Monroe y exigía el derecho de su intervención en la controversia.
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Las negociaciones se efectuaron directamente entre las cancillerías
norteamericanas y británica, quedando Venezuela al margen del conocimiento de
aspectos trascendentales de las negociaciones. Se afirma, incluso, la existencia de un
acuerdo secreto firmado el 12 de noviembre de 1896, entre el Secretario de Estado Olney
y el diplomático británico Julián Pauncefote, en donde se establecieron las bases del
tratado de arbitraje. La escogencia, como presidente del tribunal, del internacionalista
ruso Fiódor Fiódorovich Martens, formó parte de la conspiración contraria a los intereses
de Venezuela.
En esas circunstancias, tras varias reuniones preparatorias y después de 54 días de
audiencias, el Laudo se dictó en París, el tres de octubre de 1899, “otorgándosele a Gran
Bretaña un territorio que ascendía a 159.400 kilómetros cuadrados al oeste del río
Esequibo” (González Oropeza y Donis, 1989, p. 163). Se ha señalado (Badell, 2023;
Falcón Briceño, 2001; González Oropeza y Donis, 1989) que dicho Laudo presenta vicios
tanto de forma como de fondo, entre los que destacan el exceso de poder de una de las
partes, la falta de motivación de la sentencia y el otorgamiento jurídico a una línea
adulterada. Sobre el caso, también se ha argumentado que
la imparcialidad del jurista ruso (…) de Martens fue dudosa desde el comienzo,
dado que éste era un funcionario activo de su país y ello asomaba la posibilidad
de que estuviera influenciado por los intereses de su nación, más que por la idea
de la imparcialidad. (Badell, 2023, p. 466)
Una evidencia adicional, que apoya esta afirmación, se encuentra en el libro
escrito por De Martens veinte años antes de su participación en la actividad diplomática.
En esta obra De Martens afirma que el derecho internacional solo es aplicable a las
relaciones entre países civilizados, mientras que Venezuela quedaba incluida entre los
países bárbaros o semibárbaros (Morales Paul, 2000).
Por otra parte, es justo reconocer el acertado desempeño del jurista
norteamericano Severo Mallet-Prevost, Secretario de la Comisión Investigadora del
Congreso norteamericano y, más tarde, integrante destacado del grupo de abogados
defensores de Venezuela ante el tribunal arbitral de París. Hay que resaltar la actuación
honorable y valiente de Mallet-Prevost en su cometido, a como la publicacn, en julio
de 1949, del célebre memorándum en The American Journal of International Law. En
dicho documento, Severo Mallet-Prevost admit que él y el presidente Harrison
tuvieron conocimiento del contubernio que se urdió entre el presidente del Tribunal
Arbitral y los árbitros ingleses Russell y Collins (Badell, 2023, p. 595). Mallet-Prevost
critica la labor del tribunal y revela las presiones indebidas del presidente De Martens
sobre los jueces, con el propósito de lograr una solucn unánimemente favorable a la
Gran Bretaña; proceder que enaltece a Mallet-Prevost ante Venezuela y el mundo
(Morales Paúl, 2000, p. 122).
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En este largo proceso, aun en curso, también es necesario subrayar el significativo
aporte del jurista sueco Gillis Wetter (1979), quien dedicó el tercer volumen de su obra
Los procedimientos internacionales de arbitraje, al laudo arbitral Venezuela-Gran
Bretaña. Los numerosos documentos que recoge la obra de Wetter, para evidenciar el
compromiso político entre Gran Bretaña y Rusia, examinados también por los juristas
uruguayos H. Gross Espiel y Eduardo Jiménez de Aréchaga, ex presidente de la Corte
Internacional de Justicia, no dejan lugar a dudas sobre los vicios procesales y sustantivos
del injusto laudo arbitral (Morales Paúl, 2000). Al considerar los sucesos señalados,
parece quedar claro que, a los intereses imperiales de las potencias de la época
no les convenía adoptar principios universales para el trazado de límites y la
definición de fronteras, ya que subsistía una gran masa virgen de intereses
recíprocos en el espacio, que se podían negociar al margen de toda regla
establecida, para la obtención de beneficios coloniales e imperialistas. Las
concesiones que Gran Bretaña y Rusia se harían mutuamente en el Asia central y
en Suramérica, no son ajenas a la historia oculta del despojo del territorio
venezolano del Esequibo. (Nweihed, 2013, p. 94)
Con posterioridad a la firma del Laudo de París, se generaron numerosas protestas
llevadas a cabo por la diplomacia venezolana, en diferentes foros internacionales (Sureda,
1980), comenzando por la solicitada en 1944, ante el presidente Medina Angarita, por el
embajador Diógenes Escalante, el diputado J. A. Marturet y el Presidente del Congreso
Manuel Egaña. Posteriormente, en 1948, Rómulo Betancourt se pronuncia en igual sentido
en la IX Conferencia Interamericana, realizada en Bogotá. Inmediatamente, se produce, en
1951, la solicitud de revisión del canciller L. E. Gómez Ruiz, en la IV Reunión de
Cancilleres Americanos, en la que denuncla nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899.
A esta reclamación siguieron la formulada en la Décima Conferencia Interamericana, que
se efecten las Naciones Unidas, de parte del embajador Sosa Rodríguez. También, hubo
denuncias de parte del canciller Faln Briceño, en 1962, con motivo de la inclusión del
tema en la Comisión de Política Especial de Naciones Unidas, durante la decimoséptima
Asamblea General de la Organización (Badell, 2023; Morales Paúl, 2000).
El acuerdo suscrito entonces en las Naciones Unidas, según el cual Venezuela y
Gran Bretaña, con la concurrencia de las autoridades de la entonces Guayana Británica,
se comprometían a examinar los documentos generados por el problema del Esequibo,
lo menos que prueba es que el problema de límites existe” (Morales Paúl, 2000, p. 123).
Posteriormente, se designó la comisión de expertos para examinar la documentación y se
dio inicio al contacto directo entre ambas cancillerías, en su primera fase a nivel de
expertos y, después, a nivel de cancilleres.
Unos años más tarde, el 18 de marzo de 1965, se publicó el informe que los
expertos venezolanos presentaron al gobierno nacional, en lo atinente a la cuestión de
límites con la Guayana Británica. El informe presentado por Hermann González Oropeza
y Pablo Ojer (1967),
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se refiere a los tulos de Venezuela sobre el territorio Esequibo; los detalles de la
controversia entre Venezuela y el Reino Unido durante el siglo XIX; la falta de
participación de Venezuela en la formulación del Tratado de Washington de 1897 y
las razones por las cuales el Laudo Arbitral de Pas es nulo. (Badell, 2023, p. 648)
Sobre el informe de González Oropeza y Ojer, el historiador Badell (2023) agrega
que se trata de uno de los más contundentes elementos con los que cuenta Venezuela para
demostrar la nulidad del Laudo Arbitral de París (p. 660).
El siguiente hito en el proceso que aquí se reseña, lo constituye el Acuerdo de
Ginebra de 1966. Las gestiones de Rómulo Betancourt, anteriormente aludidas,
constituyen el antecedente más relevante de este compromiso, por medio del cual se
reconoció la existencia de la posición venezolana respecto de la nulidad del Laudo
Arbitral de París. Sobre el Acuerdo de Ginebra, Badell (2023) acota:
Los graves vicios en los que incurrió el Laudo de París del 3 de octubre de 1899
y todos los rechazos y gestiones realizadas a lo largo [del] siglo XX por juristas,
historiadores, diplomáticos, ministros, presidentes y academias, consolidaron el
criterio de que el Laudo de París no tiene el efecto de cosa juzgada y no fue una
solución justa y definitiva a la controversia planteada por Venezuela por el
territorio del Esequibo. (p. 231)
Tal sucesión de hechos trajo como consecuencia que el 17 de febrero de 1966,
durante el gobierno del presidente Raúl Leoni, los representantes de los gobiernos de
Venezuela, Reino Unido y Guayana Británica firmaran el denominado Acuerdo de
Ginebra. Poco tiempo después de este evento, el 26 de mayo del mismo año, el Reino
Unido reconoció la independencia de la República Corporativa de Guyana.
Es necesario señalar que el referido Acuerdo ha sido severamente criticado, por
cuanto se considera que presenta diversas fallas, dado que se orienta a la búsqueda del
arreglo práctico de la controversia, en concordancia con el procedimiento que señala el
artículo 33 de la carta de Naciones Unidas. Morales Paúl (2000) y Carpio Castillo (1981),
entre otros expertos, sostienen que la búsqueda de un arreglo práctico no es compatible con
la naturaleza de un tribunal arbitral o de un tribunal de derecho. Ese mecanismo, acotan,
podría servir hasta el acto de mediación, porque la posibilidad de sugerir arreglos prácticos
es compatible con la figura del mediador. De hecho, la historia de la mediación y de la
conciliación están orientadas, en cierta medida, a esa búsqueda. Sin embargo, queda fuera
de toda duda que el Acuerdo de Ginebra reconoce la existencia de la controversia, a la vez
que pone en tela de juicio la propia cosa juzgada (Morales Paúl, 2000).
Unos años más tarde, el 18 de junio de 1970, durante el primer gobierno del
presidente Rafael Caldera, se suscribió el denominado Protocolo de Puerto España,
firmado en Trinidad entre Venezuela, el Reino Unido y la República Cooperativa de
Guyana, con la finalidad de congelar, por un período de 12 años, la aplicación del
Acuerdo de Ginebra. Carpio Castillo (1981), desde la óptica geográfica, manifiesta
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reservas, que fundamenta sobre los riesgos que comporta para los intereses venezolanos
la continuada ocupación del territorio en disputa por la República Corporativa de Guyana.
Esta ocupación se lleva a cabo explotando principalmente los recursos mineros y el
potencial hidroeléctrico de la región, sin que aquel país haya demostrado la voluntad de
cumplir compromisos que, en el futuro, puedan facilitar una solución a la controversia.
Respecto al Protocolo de Puerto España de 1970, Morales Paúl (2000) señala que,
si bien son respetables las razones esgrimidas para su suscripción, habría sido preferible
una verdadera congelación de nuevas inversiones en la zona en reclamación, debido a que
esta posición resulta más congruente con las reservas expresadas por Carpio Castillo.
Estas consideraciones revisten, con toda seguridad, un considerable interés para los
propósitos de la educación ambiental.
Posteriormente, tal como lo señala Faúndez Ledesma (2023a), la controversia
intentó resolverse con la intervención de sucesivos buenos oficiantes, designados por el
Secretario General de la ONU. Al respecto, el citado autor observa: “lo cierto es que, ya
sea por la terquedad de Guyana o por la torpeza de nuestros negociadores o por ambas
, el mecanismo de los buenos oficios resultó un absoluto fracaso(p. 30). Esa situación,
según el autor terminó por agotar la paciencia de los dos últimos Secretarios Generales
de la ONU, [y] António Guterres, escogiera el arreglo judicial ante la Corte Internacional
de Justicia, como el siguiente medio de solución pacífica a intentar para resolver esta
controversia” (p. 30-31).
De esta suerte, la vieja controversia se encuentra introducida, desde hace algunos
años, ante la citada Corte. Será en ese ámbito judicial, cuya sentencia definitiva no tendrá
apelación (Faúndez Ledesma, 2023b), donde ambas partes deberán dirimir la cuestión del
territorio Esequibo, esperando poner fin, pacíficamente, a un complejo desacuerdo que
ya podría calificarse de plurisecular.
Definitivamente, ya hace más de dos siglos de esta disensión, si se conviniese en
tomar como fecha simbólica de su inicio el 15 de octubre de 1817, cuando, como lo
recuerda Badell (2003, p. 607), desde Angostura, el Libertador, Simón Bolívar, decretó
la incorporación de la provincia de Guayana a la República de Venezuela y se
establecieron sus departamentos. En el artículo primero del Decreto de Angostura se
estableció: “La Provincia de Guayana en toda su extensión queda reunida al territorio de
Venezuela, y formará desde hoy una parte integrante de la República”.
Aquella Provincia de Guayana, aludida en el citado decreto de Simón Bolívar,
abarcaba todo el territorio comprendido al sur del amplio arco que forma el Orinoco, hasta
la frontera con el Brasil, con su límite oriental definido por el río Esequibo (Contramaestre
Torres, 2007). Este límite se mantiene en el mapa del geógrafo L. Robelin, editado en
París hacia 1891 (figura 2), en el cual la antigua Provincia de Guayana aparece dividida
en varios territorios, incluido el más oriental, limítrofe con la Guayana Inglesa, entonces
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denominado territorio del Yuruari, cuya superficie se dividió, posteriormente, entre el
estado Bolívar y el territorio del Esequibo.
Se debe reflexionar sobre los recursos de todos estos espacios, las potencialidades
hidroeléctricas, la propia virtud de la riqueza del ambiente natural en fauna y flora, así
como su ingente patrimonio mineral, que viene siendo vulnerado, explotado y que
requiere urgentemente de su exploración, conocimiento y conservación. Todos los años
que no se ha podido dar a conocer ni proteger las bondades de esta región venezolana son
irrecuperables, pero aún se está a tiempo de incluir su conocimiento y estudio en la
educación ambiental como eje transversal.
A continuación, se abordarán algunos aspectos geográficos de esta parte del
territorio venezolano, objeto de la ya comentada reclamación.
Figura 2
Mapa de Venezuela elaborado por el geógrafo L. Robelin, editado en París hacia 1891.
Fuente: Contramaestre Torres (2007)
Características geográficas del territorio en reclamación
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Las condiciones geográficas, tanto en lo tocante al medio físico como al paisaje
humanizado, son la base de una adecuada gestión ambiental y, por ende, factores
fundamentales de la educación ambiental, por lo que, de seguidas, se describen
someramente, las características geográficas del territorio Esequibo.
El área territorial usurpada a Venezuela por Inglaterra, conocida como Guayana
Esequiba o territorio del Esequibo, es de unos 159.500 km cuadrados. Limita por el este
con el río Esequibo, cuyo curso de 795 kilómetros constituye el límite histórico que separa
Venezuela de Guyana; por el oeste con el estado Bolívar y Brasil; por el norte con el océano
Atlántico y el estado Delta Amacuro, y por el sur con Brasil. Su superficie es
comprendida, aproximadamente, entre los paralelos 11y 8°33’ de latitud norte y los
meridianos 58°10’ y 61°23’ de longitud oeste. El punto s meridional corresponde al tope
de la Sierra Mapuera, donde tiene sus fuentes el río Esequibo, situado al sur de la población
de Waiwai, mientras que el extremo septentrional está representado por punta de Playa,
entre las bocas del o Guaini y el océano Atlántico, en los límites con el estado Delta
Amacuro. Su extremo oriental está marcado por las cataratas en el curso del río Esequibo,
denominadas las Jacob’s Ladder Great Falls, cerca del paralelo de los 3° N, mientras que
el extremo occidental coincide con el cerro Venamo, a unos 61°23’ W, en los límites con
el estado Bolívar, al sur de la población denominada Kilómetro 88 (Morales, 1999).
Por su localización geoastronómica, cercana a la línea ecuatorial, el territorio
Esequibo presenta condiciones climáticas típicamente tropicales, con elevados registros
de radiación, altos valores térmicos durante todos los meses, así como reducidos rangos
anuales de temperatura. Como en general ocurre en estas regiones, las medias térmicas
anuales disminuyen en función de la altitud en razón de unos 0,55 centígrados por cada
cien metros (Barry y Chorley, 2003).
Debido a su latitud, estas regiones se encuentran sometidas a la acción de los
vientos alisios, tanto del noreste como del sureste, así como al desplazamiento
estacional de la zona de convergencia intertropical, sistema que produce abundante
pluviosidad, gran parte del año, al norte y al sur del territorio Esequibo. Su régimen
general es de dos estaciones lluviosas y montos pluviométricos anuales que pueden
superar los 3.600 milímetros, rasgos que definen tipos cliticos Afi de acuerdo con la
clasificación de ppen. Mientras tanto, hacia el centro del territorio, en la depresión
de Takutu, las precipitaciones son de menor cuantía, cercanas a los 1.400 mm anuales,
con un gimen tipo Aw”, según la mencionada clasificación (Collins, 2021; Morales,
1999;pez Daza, 1967).
Las altas temperaturas y la copiosa pluviosidad, condicionan, por una parte, un
elevado y casi constante caudal de los ríos que conforman la red hidrográfica esequiba,
como el propio Esequibo, el Cuyuní, el Mazaruni, el Rupununi, el Barima, el Venamo,
etc. (Morales, 1999). A la vez, los numerosos saltos, asociados a los desniveles del relieve
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del escudo guayanés, confieren a dichos cursos de agua un importante potencial
hidroeléctrico, como lo señala Carpio Castillo (1981):
cuando se produjo el despojo territorial de 1899, el país se encontraba sin gobierno
y sumido en la más dolorosa anarquía. Gran Bretaña, en cambio, consolidaba su
poderío y precisaba mejor sus objetivos (…). La Gran Bretaña pretendía asegurar
para un recurso mineral tan importante como es el agua que en esta cuenca
hidrográfica al oeste del Esequibo, constituye además el más rico potencial
hidroeléctrico de todo el territorio guayanés, incluyendo el que está situado al este
de aquel río. (p. 206-207)
Simultáneamente, las antes citadas condiciones de tropicalidad han incidido en la
evolución de suelos tipo oxisoles, spodosoles y ultisoles, los cuales favorecen el desarrollo
de la selva pluvial, pero son extremadamente frágiles cuando la cobertura boscosa es
eliminada. En las planicies costeras, en cambio, predominan los entisoles, formados por la
acumulación de sedimentos, suelos favorables para las actividades agrícolas (Black et al.,
2021; Srivastava et al., 2021), históricamente representadas por las plantaciones de caña de
azúcar y por los arrozales (Carpio Castillo, 1981; Spinner, 2021).
La localización geográfica del territorio Esequibo, al sur del delta del Orinoco y
abierto al océano Atlántico, es también un factor de notable importancia, dado que
permite una fácil y natural comunicación marítima, no solo con las regiones litorales
venezolanas y su hinterland, sino también con el resto del mundo, en especial con países
de fachada atlántica, como las Antillas, la costa oriental de Norteamérica, Europa, así
como las costas occidentales africanas y orientales de América del Sur (Morales, 1999).
Desde el punto de vista de los dominios marítimos, la extensión costera del
territorio Esequibo extiende sus derechos sobre el mar y sus recursos, a la vez que amplía
el espacio aéreo. Hay un aspecto muy importante asociado a la substracción del territorio
Esequibo venezolano, en relación con los dominios marítimos de Venezuela en el
Atlántico (Contramaestre Torres, 2004). La longitud del litoral atlántico, objeto de
despojo de Venezuela, se extiende desde la desembocadura del río Esequibo hasta Punta
Playa: son 450 km, por tanto, si se toma en cuenta la anchura de la zona económica
exclusiva venezolana, de 200 millas (doce millas de mar territorial más 188 de zona
económica exclusiva) y la extensión de estos espacios marinos, incluyendo la plataforma
continental, de igual anchura, se comprueba que Venezuela perdió allí, adicionalmente,
unos 160.000 km cuadrados. Esta superficie representa una extensión igual al área
terrestre objeto de la controversia limítrofe (Carpio Castillo, 198, p. 207).
Todos estos temas son del mayor interés para la educación ambiental, por cuanto,
como se ha señalado, son parte de los factores que condicionan la presencia de valiosos
recursos naturales renovables, en el caso de las diversas especies marinas (Danields y
Barrios, 2000), como no renovables, representados por los hidrocarburos y otros
minerales (Fermín de Áñez y García, 2000).
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No obstante, también es necesario señalar que el referido tramo costero atlántico,
entre Punta Playa y la desembocadura del Esequibo, presenta ciertas condiciones
geomorfológicas, asociadas a la sedimentación fluviomarina, que dificultan su ocupación
y uso, dado su carácter pantanoso, conjuntamente con los efectos de las mareas y el oleaje
en aguas de poca profundidad. Tales condiciones explican la ausencia de puertos sobre
esta costa, infraestructuras (atracaderos o puertos fluviales) que han debido ubicarse en
los estuarios o aguas arriba de los principales ríos que desembocan en el Atlántico. En
este sentido, el río Esequibo es de gran importancia por cuanto su estuario (a diferencia
del tramo costero) ofrece condiciones naturales adecuadas para la construcción de puertos
y también por su navegabilidad por embarcaciones de considerable calado, que pueden
llegar hasta la población de Bartica, 168 km aguas arriba de su desembocadura.
Las vías de comunicación marítimo-fluviales son, asimismo, de interés para
embarcaciones que utilizan tramos fluviales navegables, de diferentes longitudes, en los
cursos de los principales ríos (Pomerum, Barama, Guarimi, etc.). Allí, las embarcaciones
tienen la posibilidad de utilizar la red fluvial natural, interconectada de caños y ríos de la
zona costera, para acceder a algunas poblaciones y navegar hasta el delta del Orinoco, sin
necesidad de salir al Atlántico (Morales, 1999).
El ya citado geógrafo Faustino Morales (1999, p. 18-19), también destaca la
importancia del río Cuyuní como vía de comunicación entre algunos cursos fluviales del
oriente del estado Bolívar y el territorio Esequibo, aunque señala que la navegación puede
verse interrumpida por la presencia de raudales. Esta situación ocurre sobre todo durante
el breve periodo de estiaje, entre febrero y marzo, cuando disminuyen las precipitaciones.
Sin embargo, el mismo autor advierte que debido a que el Laudo de París estipula que el
límite del territorio Esequibo pasa por la ribera septentrional del río Cuyuní, que forma
parte del límite occidental, Venezuela ha quedado sin derecho de usar las aguas de este
río en este tramo limítrofe(Faustino Morales, 1999, p. 19), mientras que Guyana hace
uso de sus condiciones naturales como vía fluvial.
Carpio Catillo (1981), desde el punto de vista de la geografía poblacional del
territorio Esequibo, asevera que actualmente
la consecuencia más grave del despojo perpetrado por Gran Bretaña, parece ser la
continuada ocupación del territorio en disputa y los planes de desarrollo unilateral
que Guyana lleva y piensa llevar a cabo, utilizando principalmente los recursos
mineros y el potencial hidroeléctrico de la región. (p. 217)
Igualmente, este autor afirma que es obvio que Guyana no ha demostrado la
voluntad de cumplir compromisos que más tarde puedan facilitar una solución a la
controversia. El llamado Protocolo de Puerto España aparece así como contrario a los
intereses geográficos de Venezuela y más escuetamente al interés nacional” (Carpio
Castillo, 1981, p. 217).
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Como puede apreciarse, todas las anteriores condiciones constituyen factores de
primer orden para la formulación de proyectos de educación ambiental, que contemplen
la toma de conciencia acerca de la territorialidad venezolana, así como de actitudes
relacionadas con la valoración de sus recursos naturales y con la necesaria sustentabilidad
de su aprovechamiento. Todos estos aspectos, que serán abordados y desglosados en los
puntos siguientes, son temas ineludibles en la formación, por lo que deben ser utilizados
para cursos y talleres de educación ambiental, en proyectos que los educadores
venezolanos pueden desarrollar y, posiblemente, compartir con colegas que ejerzan la
docencia en el territorio Esequibo, una frágil región de frontera, como la definiera
Colchester (1997), en la cual el desarrollo y la educación deben concebirse y actuarse en
estrecha sinergia (Murga, 2006).
En ambas márgenes del río Esequibo: la dinámica ambiental como recurso didáctico
El medio ambiente puede conceptualizarse como el conjunto de todas las
condiciones externas que determinan la vida, desarrollo y sobrevivencia de cualquier
organismo (García y Arana, 2000; Novo, 2007; Maunder, 1992). Este medio representa
el entorno que afecta las circunstancias de vida de los individuos o de la sociedad. El
concepto abarca el conjunto de factores naturales tales como clima, suelo, cobertura
vegetal, condiciones geológicas, etc., además de los aspectos históricos, sociales y
culturales, que caracterizan un determinado espacio, cuyo producto de la actividad
humana representa el denominado espacio geográfico.
Todos los elementos mencionados se encuentran en permanente transformación,
tanto por la acción de los procesos naturales, como por la intervención antrópica. En el
caso de ciertos factores, como las condiciones climáticas, las transformaciones pueden
resultar de la acción concomitante de la variabilidad natural y de las modificaciones
debidas a las actividades humanas.
De esta manera, el medio ambiente comprende no solo el espacio físico en el que
se desarrolla la vida, sino también al conjunto de seres vivos, en todos los niveles de
organización de la materia, además de las estructuras y objetos elaborados por los seres
humanos, al mismo tiempo que las relaciones entre estos componentes. Los estudios
medioambientales pueden emprenderse a escalas que van desde la global o planetaria,
hasta las escalas regionales y locales (Foghin-Pillin, 2009). El enfoque que relaciona los
problemas globales y locales ha generado el concepto de glocal”, partiendo de la
concepción de que “para actuar sobre los problemas globales, resulta imprescindible la
acción local” (Novo, 2006, p. 94). En otras palabras, los problemas ambientales, sobre
todo en los sistemas y actividades escolares, deben plantearse partiendo de las realidades
locales, encuadradas en el marco regional y luego global.
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La compleja dinámica del medio ambiente, resultante tanto de los procesos físicos
y biológicos de origen natural, como de las interacciones socionaturales, origina
permanentemente eventos y situaciones que, además de convertirse en noticias en los
medios de comunicación formales y en las redes sociales, constituyen una fuente de
notable interés a los propósitos de la educación ambiental. Se pueden reordenar tanto en
forma de interesantes contenidos de máxima actualidad, acompañados frecuentemente de
valioso material audiovisual, como por su alto potencial para convertirse en posibles
temas a los designios de iniciar a los alumnos en los quehaceres investigativos (Morrell
et al., 2020).
Situaciones ampliamente reseñadas, mundialmente, por los medios de
comunicación, proporcionan excelentes oportunidades para implementar seminarios,
crear cursos, organizar exposiciones y planificar discusiones con los estudiantes de los
diferentes niveles educativos. Tal es el caso del cambio climático global y sus
consecuencias más alarmantes, entre las que sobresalen las olas de calor que, desde los
inicios del verano de 2023, afectan a muchas de las capitales europeas. A la par, se pueden
establecer relaciones importantes con el ambiente y graves pandemias como la reciente
de COVID-19 (Servant-Miklos, 2022).
De igual modo, constituyen poderosos factores de motivación y ricas fuentes de
recursos didácticos, particularmente apropiados para los propósitos del eje transversal
educación ambiental, los casos de precipitaciones extraordinarias o de sequías ruinosas,
con frecuencia asociadas al fenómeno de El Niño o La Niña, con sus complejas
implicaciones sociales (Correia, 2022). También, son de importancia, fenómenos
telúricos como terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de masas y tsunamis,
cuyos impactos ocurren a escalas más reducidas y que a menudo afectan localidades
específicas. Debe recordarse, recientemente, lo ocurrido en la población de Las Tejerías,
tras una tormenta local que descargó intensas precipitaciones en la cuenca alta del curso
de agua que atraviesa la citada población del estado Aragua, con un numeroso saldo de
personas fallecidas (Singer, 2022).
Es importante recordar que los deslizamientos de grandes masas de sedimentos
pueden ocurrir también en áreas submarinas y provocar catastróficas olas tipo tsunamis,
en las regiones costeras, como ha sido estudiado en la Guayana Francesa, en condiciones
similares a las que se presentan en algunos sectores de la plataforma continental del
territorio Esequibo (Roest et al., 2019).
Para los fines de la educación ambiental, constituyen valiosas fuentes de
contenidos, entre otros, eventos como las catastróficas inundaciones causadas por el
colapso de presas (Pedicini, 2019), los accidentes en centrales nucleares, las emisiones
industriales de gases tóxicos y los episodios más o menos graves de contaminación de
cuerpos acuáticos y costas por derrames petroleros, que afectan gravemente importantes
ecosistemas como los manglares (Aaron et al., 2023; Nweihed, 1978). Además, son de
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absoluta relevancia para la educación, los impactos ambientales causados por la minería
a cielo abierto, aun a escalas locales, como ha sido estudiado en Guyana por Laing y
Moonsammy (2021).
En relación con estas últimas actividades, es necesario agregar el grave problema
que supone el empleo de mercurio en la amalgamación del oro que se extrae de las rocas
que conforman las antiguas formaciones geológicas del escudo guayanés (complejos
ígneos-metamórficos y cobertura metasedimentaria y sedimentaria). Estas prácticas son
tan antiguas como las primeras actividades de minería, cuando, hacia 1848, se
descubrieron los ricos yacimientos en la Guayana venezolana y comenzó la extracción
del metal, a pequeña escala, en minas como las El Callao, según lo relata el explorador
alemán F. Gerstaker (1989). Obviamente, estas actividades despertaron el interés de Gran
Bretaña, con las consecuencias anteriormente comentadas. Es de interés, igualmente,
recordar que el impacto ambiental generado por la minería, en los años que siguieron al
descubrimiento de los yacimientos auríferos del Yuruari, inspiraron páginas magistrales
en la gran novela Canaima, de Rómulo Gallegos, publicada en 1935. Esta obra, en el
marco de la educación ambiental en su relación con el territorio Esequibo, debe ser de
obligatoria lectura para todos los venezolanos, lo que refuerza la idea central de continuar
con una visión transversal de la educación ambiental.
La contaminación por mercurio afecta tanto las aguas como los suelos y los
sedimentos de las cuencas en los que se emplea dicho elemento en la minería del oro,
además de repercutir negativamente en la salud tanto de la población (hidragirismo),
como de la fauna y de la flora. Así lo revelan las investigaciones llevadas a cabo en
Guyana (Miller, Lechler y Bridge, 2003) y en Venezuela (Lozada, Hernández y Carrero;
2020; Rojas, 2010).
En regiones tropicales, como el territorio Esequibo, otro problema ambiental de
suma importancia y de prioritario interés para la educación ambiental, lo constituyen
las enfermedades de transmisión insectil, como dengue, zika, chikunguya y malaria
(Fabrizius et al., 2016). Esta última enfermedad, especialmente en algunas regiones del
estado Bolívar, en Venezuela ha sufrido repuntes en años recientes, asociados a la
intervención de la selva pluvial por las actividades de minería, las cuales propician la
desforestación y el deterioro del suelo, como consecuencia de las excavaciones en
donde se estanca el agua y se favorece la reproducción de los anofelinos transmisores
(Cáceres, 2011).
Estas condiciones podrían verse agravadas como consecuencia del aumento de los
episodios cálidos de El Niño, cuya situación es bastante probable en el escenario del
cambio climático (Oyedotun y Burningham, 2021) y ya ha sido investigado en Venezuela
(Bouma y Dye, 1997). Tales riesgos ambientales habrán de considerarse al implementar
objetivos de educación ambiental, en la región fronteriza del Esequibo.
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La deseable presencia de Venezuela en las vastas extensiones de bosques
tropicales del territorio en reclamación, deberá también ir acompañada de las previsiones
pertinentes, a fin de evitar que se repitan los desaciertos cometidos a lo largo del siglo
XX, por la explotación irracional de las selvas de Turén, Ticoporo y San Camilo, en el
piedemonte andino-llanero (Kammesheidt et al., 2003). Esas previsiones incluyen, por
supuesto, una oportuna inclusión de contenidos relacionados en los programas escolares,
a fin de que los ciudadanos venezolanos que tengan la misión de poblar las regiones
fronterizas del Esequibo, adquieran conciencia acerca de la importancia que reviste la
explotación racional de la riqueza maderera del territorio, a fin de que se efectúe bajo
rigurosos patrones de sustentabilidad.
Del mismo modo, los futuros programas educativos que se diseñen especialmente
para la región del Esequibo, deberán hacer marcado énfasis en el planteamiento de los
problemas ambientales a escala local. Entre otros aspectos a considerar deberán
priorizarse algunos que implican competencias específicamente municipales, como son
el manejo de los residuos sólidos, estudios ya adelantados en Guyana (Závodská, 2009),
además de las normativas referentes al tratamiento de efluentes líquidos e inmisiones de
gases y partículas contaminantes, aspectos todos que deberán formar parte de contenidos
de educación ambiental adaptados a los problemas y condiciones locales.
Para cerrar este punto, debe resaltarse que los temas antes anotados tienen la
posibilidad de incluirse en proyectos piloto, desarrollados a partir de convenios entre los
organismos educativos venezolanos, en conjunto con sus homólogos de la República
Corporativa de Guyana, en atención a los deseos de fomentar la paz y la convivencia en
la región. No es posible imaginar una región próspera y en paz sin la conveniente
colaboración entre las dos naciones y esto solo es posible a través de la educación de sus
ciudadanos.
Por último y no menos importante, todos los impactos ambientales mencionados
son objeto de cobertura por parte de los medios de comunicación (Foghin-Pillin, 2009) y
suelen ser reseñados en las redes sociales, lo que convierte a estos sistemas
comunicacionales en valiosos acervos para iniciar el acopio de información, que luego se
convertirá en material para las actividades docentes y de investigación.
El territorio del Esequibo en el ámbito educativo: mapas y libros con fines
pedagógicos
Con fecha 10 de abril de 2023, el Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, comenzó un
programa educativo denominado El Esequibo es Nuestro, con el fin de promover entre la
población escolar el conocimiento de la reclamación venezolana y así contribuir a
sensibilizar al alumnado acerca de la importancia que tiene para Venezuela recuperar la
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soberanía sobre el territorio Esequibo. La reseña oficial del acto inaugural de dicho
programa, señala:
Autoridades del Gobierno nacional dieron inicio a la actividad pedagógica El
Esequibo es Nuestro, en la Unidad Educativa Nacional (U. E. N.) Maestro
Aristóbulo Istúriz en Caracas, la cual tiene como objetivo el reconocimiento del
territorio venezolano para reforzar, en el semillero de la Patria, la identidad
nacional/ La actividad estuvo encabezada por la ministra del Poder Popular para
la Educación, (…) y el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo
Menéndez.
Al respecto, Menéndez indique a lo largo de esta jornada se deben fijar 130 mil
mapas en las escuelas, en sus espacios, las carteleras, para “que el niño tenga la
visión de su país. El mapa de Venezuela debe estar para verlo como una identidad;
ese es el concepto de nación, asumir la concepción histórica
y el bolivarianismo”. (MPPEFCE, 2023)
Sin lugar a dudas, los mapas, en cuanto imágenes integradoras, representan un
recurso didáctico altamente efectivo para la enseñanza de la geografía y de la historia
(Harris, et al., 2015), y, particularmente, para relacionar estas dos disciplinas con el objeto
de presentar la expresión espacial de un hecho histórico y su evolución en el tiempo, como
podría ser, en este caso, la situación del territorio Esequibo.
Puede decirse que el reconocimiento del valor de la representación cartográfica en
la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, es de vieja data; esto queda de
manifiesto por el hecho de que el dos de febrero de 1965, un año antes de la firma del
Acuerdo de Ginebra, el Estado venezolano publicó oficialmente, por primera vez, el Mapa
Político de la República de Venezuela, a Escala: 1:4.000.000. En este mapa ya se habían
incluido los territorios al oeste del río Esequibo, conocidos como la Guayana Esequiba,
Zona en Reclamación o territorio Esequibo. Este acto se interpreta como signo inequívoco
de su reclamación y de su voluntad de recuperación, reivindicación, unificación e
integración al territorio nacional. Esta zona se muestra como parte del territorio de
Venezuela, por lo que debe enseñarse a todos los venezolanos e insistir en cada nivel de
la escolaridad y contextos de formación que dicho espacio había sido separado por el
Laudo de París, en su dictamen del tres de octubre de 1899, como ha sido comentado en
puntos anteriores.
Como un poderoso recurso educativo, en la actualidad, el territorio Esequibo, sumado
a las líneas de delimitación de áreas marinas y submarinas en el Caribe y el Atlántico, sigue
presente en el mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Figura 3), con la
rotulaciónGuayana Esequiba (Zona en reclamación) sujeto al Acuerdo de Ginebra de 17 de
febrero de 1966” (Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bovar, 2018).
Figura 3
Mapa Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (2018)
Es forzoso señalar, empero, que la difusión masiva de los mapas con la inclusión
del territorio Esequibo es insuficiente para lograr los objetivos relacionados con la cabal
compresión del problema por parte de los escolares y, con ello, su sensibilización hacia
un tema que es del más alto interés nacional. Mancomunadamente, con las
representaciones cartográficas aisladas, otro recurso fundamental para el logro de los
objetivos planteados, está representado por su inclusión y tratamiento en los textos
escolares (Fernández y García, 2017). Respecto a este punto, hay que reseñar que, tras un
minucioso trabajo de investigación doctoral, Velásquez-Echeverri (2017), analiza el
manejo del problema del Esequibo en los textos venezolanos y guyaneses. En su estudio
asevera:
la iconografía guyanesa no deja lugar a dudas sobre la integridad de su territorio
cuando incluye de facto a la Guayana Esequiba venezolana, pues sin importar el
contexto o la función temática que esté desempeñando el mapa en la ilustración,
su territorio aparece íntegro, como evidencia de una política educativa consistente
con su argumentación histórica de política exterior, la que Venezuela no imita al
persistir en el camino de la contradicción y el error. (p. 34)
A lo anterior, Velásquez-Echeverri (2020), añade que los materiales tanto en el
discurso como en las imágenes ofrecidos a docentes y estudiantes en los textos
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venezolanos tienen poco contenido, poca calidad y no revisan los conceptos de
Soberanía, Identidad Nacional e Integridad Territorial. Antes bien, con la mediación del
texto escolar fomentan el desconocimiento ciudadano (p. 21). Valdría el esfuerzo,
naturalmente, de considerar tales observaciones, al momento de incluir en los nuevos
textos venezolanos, la actualización de los contenidos sobre la controversia del Esequibo,
sobre todo en sus aspectos geográficos y ambientales.
Conclusiones
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, evento llevado a cabo en la Sede de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a finales del mes de septiembre de 2015,
los Jefes de Estado y de Gobierno, conjuntamente con los Altos Representantes, se
reunieron en el marco del Septuagésimo Aniversario de la ONU y aprobaron la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. En el documento emitido en dicha Cumbre, que lleva
por título Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
“se propone un conjunto de 17 objetivos y 169 metas, cuyo fin es dar continuidad a los
precedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio” (PNUD, 2023), concibiéndose tales
propósitos con un carácter integrado e indivisible, que contemplen las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conforma, de este modo, “un plan
de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, plan que, a su vez,
promueve la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad” (PNUD,
2023). Las dimensiones de tal plan resultan evidentes en el propósito de poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático,
transformando en realidad los derechos humanos de todas las personas.
Resulta evidente que en el amplio marco que representa esta Agenda, la educación
ambiental constituye, con la mayor certeza, uno de los principales instrumentos para el
logro de los objetivos planteados. A escala regional y en lo atinente a los intereses
venezolanos en el caso de su dilatada reclamación sobre el territorio Esequibo, aquellos
objetivos deberán articularse con la planificación de las acciones que permitan la
restitución del territorio del Esequibo a la soberanía venezolana y la oportuna ordenación
territorial sobre bases sustentables, sin que ello suponga ulteriores conflictos con la
República Corporativa de Guyana. Esto último también en el entendido de que, como lo
expresara en una oportunidad el entonces canciller venezolano Ramón Escobar Salom:
“En un orden geopolítico puro, a Venezuela le interesa una Guyana próspera, equilibrada
y estable. De otro modo, la miseria y el resentimiento estimularán un foco de
resentimiento agresivo en la vecindad de la desembocadura del Orinoco” (Giaccalone,
2000, p. 344).
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En esta exposición dedicada a la educación ambiental, vinculada con la demanda
venezolana sobre el territorio en reclamación, también podría conducir a aleccionadoras
reflexiones lo expresado por Alberto Contramaestre-Torres (2007, snp), apuntando más
allá de las discusiones de límites internacionales que aún sostiene Venezuela: “el deber
que hay que afrontar es el de conservar y mantener la magnitud de la territorialidad que
actualmente tiene el Estado venezolano”. Cabe agregar que las aspiraciones venezolanas
sobre el territorio Esequibo consideran, indefectiblemente, esa territorialidad.
Implicaciones pedagógicas
Algunas revisiones recientes sobre la investigación en educación ambiental,
convergen con las tendencias en la literatura educativa hacia el aprendizaje constructivista
comprometido y la necesidad de una mayor reflexividad del investigador sobre los
supuestos y la realización de la investigación. Estas tendencias también se inclinan a la
necesidad de una educación ambiental para el desarrollo sostenible, así como a campos
relacionados de investigación y teoría del currículo, para que los estudiantes examinen
críticamente sus propias experiencias y las de otros, en los diversos ámbitos en los que
encuentran regularmente (Payne, 2006).
En concordancia con lo anterior, en este artículo se presenta un enfoque
humanamente constructivo de la investigación, en el que, más allá de la controversia de
límites con Guyana, se plantea la conveniencia de emprender proyectos educativos
conjuntos, abordados a escala local, lo cual también concuerda con los planteamientos
expresados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Venezuela puede generar,
implementar y sostener planes y programas de educación ambiental que insistan en la
transversalidad e la materia y que se extiendan a todas las funciones educativas: docencia,
investigación y extensión.
En alusión a los reveses sufridos por el país en sus disputas territoriales, el avezado
docente y experto internacionalista Contramaestre Torres, con base en su doble actuación
como docente de dilatada trayectoria y experimentado investigador en temas fronterizos,
añade una reflexión de indudable valor pedagógico, “lo sucedido ha de enfocarse como
experiencia que fortalezca la conciencia de que por sobre la territorialidad de un Estado,
nada puede tener prioridad (2007, snp). Continuar multiplicando las acciones en la
didáctica educativa, la evaluación, la investigación será del más acendrado provecho.
Como consideración final, se reitera la aspiración de que el presente trabajo
contribuya a resaltar las acciones que, en el caso del Esequibo considerado como parte
inseparable del territorio venezolano, pueden emprenderse en el marco de la educación
ambiental. Todas estas acciones, concebidas como un eje transversal de la educación,
deben estar orientadas a la solución de problemas, dispuestas en beneficio de la
comunidad y permanentemente dirigidas hacia un futuro pacífico y productivo.
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