LA EDUCACIÓN COMO BASE DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
UNA MIRADA A LAS INJUSTICIAS EN LAS COMUNIDADES DE PENSAMIENTO AFROCOLOMBIANO
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Letty Patricia Fernández- Guissao* Institución Educativa Francisco José de Caldas Cauca, Colombia https://orcid.org/0000-0001-5088-0905
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Recibido: 25/01/2023 Aprobado: 07/04/2023
RESUMEN
La dinámica escolar ha dependido del sector económico garantizando que el conocimiento circule, en la escuela, de manera homogénea, al ocultar sistemáticamente, las epistemes afrocolombianas que el Movimiento Social Afro ha protegido. De hecho, los planes de desarrollo definen el horizonte institucional al que se ve sujeto toda la ciudadanía, poniendo en tensión a las comunidades, sin tener en cuenta su concepción de desarrollo. El presente artículo, producto de una investigación en curso, visibiliza que a partir de la expedición de la Ley Páez se consolidó el modelo económico generando transformaciones de las concepciones educativas y curriculares causando impedimento para garantizar el respeto a la integridad étnica, cultural, ambiental, territorial y política, de las comunidades afronortecaucanas.
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Palabras clave: Norte del Cauca, Guachené, economía, educación, Ley Páez, Pensamiento Político Afrocolombiano.
EDUCATION AS THE FOUNDATION FOR INDUSTRIALIZATION CONSOLIDATION: AN EXAMINATION OF INJUSTICES IN AFRO-COLOMBIAN THOUGHT COMMUNITIES
ABSTRACT
The school dynamic has depended on the economic sector, guaranteeing that knowledge circulates, in the school, in a homogeneous way, by systematically hiding the Afro-Colombian epistemes that the Afro-Colombian Social Movement, has protected. In fact, development plans, defines the institutional horizon to which all citizens are subjected, putting the actors who participate in it in tension, without taking into account what the concept of development connotes for these communities. The purpose of this article, the product of an ongoing investigation, is to make visible that after the issuance of the Páez Law, within the framework of economic opening, the economic model was consolidated, generating transformations of educational and curricular conceptions, causing an impediment for guarantee respect for the ethnic, cultural, environmental, territorial and political integrity of the Afro-North caucana communities.
Key words: northern Cauca, Guachené, economy, education, Páez Law, Afro-Colombian Political Thought.
Introducción
Luego de que en nuestro país se desarrollaran las Misiones de la CEPAL caracterizada por fomentar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones –ISI-, la del Banco Mundial y la del Centro de Economía y Humanismo en relación a las condiciones de crecimiento en el país, estudiosos afirman que se configuró el pensamiento económico para dar respuesta a la crisis económica, que bajo la lógica de mercado sienta sus bases estructurales en el año de 1950. No obstante, el enfoque de desarrollo industrial se impone desde finales del siglo XIX, con la instalación de los primeros ingenios en el Valle del Cauca.
A partir de su estructuración, se crean varios organismos enfocados en el desarrollo económico encargados de la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de la formulación de las políticas dinamizadoras de las exportaciones como nuevo motor de desarrollo. A su vez, de acuerdo con Figueredo Ramírez et al (2016), nace la Oficina Sectorial de Planeación Educativa encargada de los planes de desarrollo del sector educativo (p.44). Aquí es pertinente citar a Mañunga (2015) quien expresa el visible respaldo del Estado hacia la apuesta por el desarrollo en perspectiva capitalista y el interés hacia una estabilidad institucional (p. 23), en donde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones enmarca la estrategia de intervención en los países tercermundistas en general, y en Colombia, en particular.
Ahora bien, después de que se estructura y se organiza jurídicamente la economía colombiana, se elige como presidente a César Gaviria Trujillo. Este, en su discurso de posesión, pronunciado el 7 de agosto de 1990, siendo el último de los exponentes más representativos en la apuesta por este enfoque de desarrollo, expresa,
Por eso, debemos avanzar en un proceso de internacionalización de la economía colombiana. Este comprende la modificación al régimen de la inversión extranjera, los estímulos a la inversión privada, la transformación de Proexpo en un banco de exportaciones (…). Sólo las naciones que exportan son capaces de superar sus crisis. La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de las exportaciones y destinado a garantizarnos un puesto en el mercado mundial. Exportar más, importar más, producir más, hacer más rica nuestra economía, y así generar más empleo. Ese es el camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y que son hoy potencias industriales. (p. 21)
Es notorio su apoyo a la implementación, durante su cuatrienio (1990-1994) a un nuevo Programa de Modernización e Internacionalización Económica bajo el orden mundial de desarrollo establecido, como estrategia para avanzar en la potenciación industrial. La expedición de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación derivada de la Primera Ley Orgánica de Educación de 1903, facilitó no solo el sostenimiento, sino que permitió justificar la continuidad de la educación media técnica, a través de la que se preparan estudiantes ya sea en producción o servicios con miras hacia la educación superior.
Esta visible relación entre los sectores económico y educativo si bien garantiza que los establecimientos educativos respondan a las necesidades de las regiones, contradice los principios de la Etnoeducación entendida como la posibilidad de construcción de un pensamiento político al interior del escenario escolar, enriqueciéndolo a partir de los saberes ancestrales explicitados en el Decreto reglamentario 804 de 1995, mediante los cuales se posibilita el fortalecimiento tanto de la africanidad y la afrocolombianidad como del pensamiento político propio de las organizaciones sociales, en particular, los Consejos Comunitarios. Castillo Guzmán (2008), expresa:
Es sólo con la promulgación del Decreto 804 de 1995, que se establece la etnoeducación como el derecho de los grupos étnicos “a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”, y que se determina que ésta hace parte del servicio educativo. (p. 20).
No obstante, ese derecho ganado producto de la “insumisión epistémica” cuyas primeras expresiones las vemos desde finales de los 70´s, se institucionaliza mediante el artículo 7º y el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se desvanece al darle la connotación de servicio entendido como el mecanismo que, si bien responde a las características regionales, es adaptable a las circunstanciales.
De ahí que la expedición de la Ley Páez o Ley 218 de 1995, declarada constitucional y con vigencia de veinte años, no solo fue la respuesta, inmediata y de emergencia, a las necesidades que produjo la avalancha del río Páez, producida el 6 de junio de 1994, afectando a algunos municipios de Huila y Cauca y que para efectos de esta investigación, nos centraremos en este último, sino la consolidación del proceso de modernización e internacionalización económica que inició en el Quinquenio de Reyes (1904-1909), pues su promulgación trajo cambios estructurales en los procesos sociales afronortecaucanos, en particular en el joven municipio de Guachené.
Dentro de su articulado se expresa que las nuevas empresas, de los sectores, industrial, agrícola y ganadero, que se establezcan en la zona afectada por la catástrofe natural serán beneficiarias de la exención tributaria y pueden conformar parques industriales. Es así como emerge, en 1998, el Parque Industrial del Cauca, principalmente dentro de los municipios afronortecaucanos de Santander de Quilichao y Caloto, convirtiéndose en la segunda actividad más importante, después de la agroindustria cañera, lo que produce el 80% de los ingresos tributarios y la principal fuente de empleo de la región para personas fuera de ella (Albán, s.f., p. 100), debido a que los industriales manifestaron que sus pobladores no poseían los conocimientos necesarios para tal producción, pues “la combinación de las políticas estatales de reconocimiento a la multiculturalidad y la reforma educativa neoliberal le ha restado valor simbólico y político a la etnoeducación” (Castillo Guzmán, 2008, p. 21).
Con las modificaciones a la Ley Páez, entre 1997 y 2005, siendo la última la transformación de Parque Industrial a Zona Franca Permanente Especial (Zfpe), se tuvo registro de 139 empresas, mayoritariamente en Santander de Quilichao, del que se desprendió Villa Rica en 1999, justo cuando la economía del departamento del Cauca superó los promedios de la economía del país, sin afectar la estabilidad del sector industrial (Alonso et al., s.f.) y, en Caloto, del que dependió Guachené hasta 2006, luego del nuevo crecimiento económico logrando buenos resultados en medio de la crisis nacional.
En otras palabras, con la municipalización de Guachené, mediante el Decreto ordenanzal 0653, expedido por la Asamblea Departamental del Cauca, y la reorganización de su territorio cuyo porcentaje de afrocolombianos es del 95.4% (DANE, 2018), un importante número de empresas de la Zona Industrial, sostienen su economía, encontrando respaldo de los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, pues su actual plan de desarrollo “propende porque este municipio sea el que cuente con mayor población técnica, tecnológica y profesional”, para responder a la industria:
El segundo sector para la economía del municipio de Guachené, está representado en el sector industrial y comercial, ubicado en Veredas Unidas y el Guabal, un conjunto de empresas que corresponden a la etapa 2 (dos) del parque industrial y comercial del cauca, tales como la empresa Pavco de occidente, familia del pacifico, metal sur, Propulsora S.A, inversiones periódicas (el tiempo) y otras. De la misma manera es importante para este sector industrial y comercial Carvajal pulpa y papel y el ingenio la cabaña que son el resultado de la división entre el municipio de Guachené y Caloto cauca. Por otra parte, en menor escala se encuentra la actividad de pequeños industriales y comerciantes de negocios. También hay que resaltar que los cultivos asociados a la finca tradicional representan el 18% de la actividad económica. (Plan de Desarrollo Municipal de Guachené- Cauca 2020-2023, p. 65)
De forma paralela a la estructuración y organización de la economía nacional dada en los cincuenta del siglo XX, el espacio educativo adquirió especial atención para el Estado concibiendo la oficina de Planeación Educativa del Ministerio de Educación, desde donde se generaron las condiciones, de manera sistemática, para la adopción de la declaratoria conjunta de los organismos de cooperación internacional expresada en hacer de la enseñanza el instrumento que impulse la economía y potencie sus políticas.
La economía y el proceso educativo en el municipio de Guachené
Bajo la lógica de mercado en la que la crisis económica y social latinoamericana obligó tomar como estrategia externa para evitar mayores complicaciones en el pago de la deuda externa, la realización de un pacto político entre los organismos internacionales y las élites concebido como el Consenso de Washington llevado a cabo en 1961 (Cálix, 2016, p.9). A través de este Consenso se renueva la Carta del Este para apoyar a Estados Unidos tras el bloqueo a Cuba y suplir su necesidad de azúcar, lo que conllevó al establecimiento de su exportación hacia el país norteamericano, aumentando de manera considerable, la producción de caña y por supuesto, el proletariado y semi-proletariado azucarero, consolidando la agroindustria.
Los efectos, en Colombia, de este pacto se manifestaron a través de la creación del Primer Plan de Desarrollo Económico y Social o Plan Decenal (1960-1970), titulado Plan General de Desarrollo Económico y Social, alimentando el Departamento de Planeación y su sección de Asistencia Técnica. A su vez, se fortalece el Primer Plan Quinquenal de Educación y con él los decretos que fijan los objetivos de la educación primaria y se unifica el plan de estudios. En este contexto económico y educativo, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) institucionaliza, para cada cuatro años, los planes de desarrollo económico y social, adquiriendo mayor relevancia por ser los instrumentos adecuados para ordenar las decisiones en torno a la planificación “que suponía la formulación y diagnóstico completo y técnico de la situación del Estado y ofrecía perspectivas para la economía así como las metas globales y sectoriales de la actividad económica en un tiempo determinados y sujeto a la evaluación y definición de los medios para alcanzarlas” (Acevedo Vélez, 2009, p. 298).
Ahora bien, desde 1995 hasta el año 2006, se producen cuatro períodos de gobierno en la alcaldía de Caloto, siendo Guachené uno de sus corregimientos, y otra cantidad similar desde 2007 hasta 2020, luego de su municipalización, Guachené asume las riendas de sus propias dinámicas. Cada uno de ellos se constituyó a partir de sus planes de desarrollo desde donde se re-definió el futuro económico y político de los dos municipios, enmarcados en el enfoque neoliberal caracterizado por la acumulación de riqueza cuyas consecuencias, entre otras, son la alta tasa desempleo, empobrecimiento generalizado de la población, destrucción del medio ambiente manifestadas en este territorio, de acuerdo con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca- ACONC, en “la consolidación de la agroindustria y la industria sobre las tierras más productivas basada en un modelo de desarrollo excluyente que beneficia económicamente tanto a los ingenios como a las empresas usufructuándolas sin que exista un control sobre ello” (p. 11). De la misma manera, se presenta una situación de pobreza histórica, teniendo en cuenta que el Departamento de Planeación Nacional (2005) expresa que aún con la oleada de reformas de los años 90´s encaminadas hacia el bienestar de la población, estas han sido ineficaces.
Así pues, las cifras en Guachené, un territorio que topográficamente posee condiciones para la agricultura, muestran que hoy, de sus 9.000 hectáreas (aproximadamente), 8.000 están ocupadas por cultivos de caña (Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023) en contraste con 3.000 para el año 2007, con una población, según el DANE 2005, de 19.536 frente a 18.513 censados en 2018. Es decir, el aumento de los cultivos de caña es inversamente proporcional a sus habitantes.
(…) solo quedan 1.000 hectáreas en manos de los pequeños campesinos, siendo la extensión más grande de las comunidades negras, la hacienda Pílamo con 906 hectáreas de tierras. Aunque hay que decir que las tierras sembradas de caña hay un número reducido de propietarios campesinos que a través de la modalidad de arrendo se la han entregado a los ingenios. (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, p.68)
Esta lógica de mercado exógena ha impedido no solo las garantías de las prácticas comunitarias bajo sus propias lógicas, desde la Etnoeducación, sino la invisibilización de las epistemes y epistemologías, base de la cultura afrocolombiana, transformando el paisaje en el que los cultivos nativos fueron reemplazados por las grandes plantaciones de caña poniendo en peligro la supervivencia al igual que la sostenibilidad y la firmeza de los vínculos entre sí pero también entre sí y el territorio. Con la expedición de la Ley Páez, en el marco de la apertura económica, también transforman las dinámicas etnoeducativas afrocolombianas que se venían desarrollando, incluso antes de la expedición de la normatividad, como manifiesto de las luchas encaminadas hacia la exigencia de los derechos, la revitalización de la memoria y la protección de sus tradiciones. Ejemplo de ello es Comunidad y Cultura Veredas Unidas una propuesta intercultural representada en un colectivo de maestros y líderes de diez escuelas rurales del mismo territorio para cristalizar, en 1987, una apuesta emancipadora como resistencia frente a las políticas educativas de la obsoleta Constitución de 1886, vigente durante más de un siglo.
Esta construcción política afroguacheneceña agrupaba a las diez escuelas rurales que estaban ubicadas dentro de los municipios de Caloto y Santander de Quilichao. Vale decir que estos municipios conformaban la provincia de Santander inserta en el departamento del Cauca y permeada por el Decreto 8 de 1905 en concordancia con las leyes expedidas en el siglo XIX y principios del XX, a través del cual se fomentó la enseñanza industrial en las escuelas, en el Quinquenio de Reyes, hasta las actual Ley General de Educación de 1994. El primero de ellos contaba con seis corregimientos, entre los que se encontraba Guachené hasta el año 2006 y el segundo, con dos, entre ellos Villa Rica, hasta 1999. Hoy, independizados de sus municipios, influidos por la Ley Páez, ayudan a su constitución política territorial cinco de las diez veredas (Mingo, Caponera, Cabito, Pueblo Nuevo y Barragán) y cuatro (Charo, Cantarito, Juan Ignacio y Agua Azul) respectivamente y la número diez (Quintero), quedó en Caloto. En cuanto a los efectos de esta Ley sobre lo pedagógico y curricular, se evidencian en la creación del colegio, de modalidad técnica, Veredas Unidas, según el Acuerdo 033 de 1996, justo cuando la Institución Municipal del Concejo de Caloto expide el Acuerdo 011 del mismo año con el que se declara zonas industriales a los terrenos aptos dentro de este territorio para el asentamiento de nuevas empresas, cuya ampliación del área industrial mediante los Acuerdos 05 y 012 de 1999, se genera posterior a la primera reforma de la Ley Páez que en 1997 incluye a los municipios del Norte del Cauca que no fueron afectados por la avalancha.
En otras palabras, los once municipios etnoculturales (indígenas y afrocolombianos) existentes hasta ese momento, mostraron importantes transformaciones en sus dinámicas comunitarias, principalmente en Guachené, por lo que su proceso educativo responde a la industria desconociendo la importancia de los saberes ancestrales (agrícolas, pesqueros, ganaderos, alimentarios, musicales, lingüísticos, artísticos y organizativos) de herencia africana, siendo los elementos fundantes de nuestra identidad, atesorando los principios fundamentales como garantía de la supervivencia.
Esta Ley, expedida por el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), que nace para darle solución a los problemas socioeconómicos generados por el desastre natural tuvo el efecto contrario sobre la población étnica, puesto que pone en jaque las dinámicas comunitarias debido a que coyunturalmente se enfocó en favorecer a la industria que se estableciera a partir del fenómeno natural o las que ya estuviesen funcionando a través del incentivo de la exención de impuestos por un período de veinte años. Una evidencia es el proyecto PAPELCOL S.A (hoy Propal) respaldado por la Nación y el Departamento del Cauca y acogido por el Municipio de Caloto, cuya materia prima es el bagazo de la caña no solo contribuye al sostenimiento de la agroindustria a gran escala sino que favorece la monocultura del saber.
Desde su vigencia, se ha documentado, a través de estudios económicos (Alonso, 2008; González y Valencia, 2003) y/o sociales (Urrea, 2010), entre otros, que el establecimiento de la industria en la zona plana del Norte del Cauca en donde se encuentran los asentamientos afro históricamente conformados, se constituye en la base de los dos parques industriales; el de Santander de Quilichao y el de Caloto (hoy Zona Franca). De ahí que se continúe con la enseñanza de los conocimientos para la industria y el fortalecimiento de los principios del capitalismo: individualismo (vs comunidad), competencia (vs reciprocidad) y la tasa de ganancia (vs complementariedad), (De Souza, 2010, p.11), legitimando la necesidad de formar a la población de acuerdo con las demandas de la industria, evidenciando un currículo descontextualizado y en contraposición a la diversidad identitaria afronortecaucana.
Dada la apertura económica, la adaptación del plan de desarrollo a sus exigencias produce una reestructuración en el sistema educativo, pasando de tres a cuatro niveles que posibilitan la emergencia de la educación media técnica (Ley 115 de 1994), reformando el plan de estudios de 1962 al incluir esta educación en la media y bachillerato propuesta hacia el mejoramiento de la calidad reglamentada mediante del decreto 1860 de 1994. Hay que decir que posterior a la solicitud de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de replicar la experiencia brasilera con escuelas industriales dando como resultado la creación del SENA, reestructurado en 1992 y 1999, se expide el decreto 1.962 de 1969 para insertar la educación técnica en la media y bachillerato derivando la constitución de los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada (INEM) y los Institutos Técnicos Agrícolas (ITAS), asistidos técnica y financieramente por el BIRF y la AID (Agencia Internacional de Desarrollo).
En cuanto al currículo con enfoque técnico, concebido en la década de los 70´s luego de reglamentada la asistencia técnica desde la cooperación internacional, derivada del programa conjunto entre Estados Unidos y Colombia (Aristizábal et al., 2014, p. 108), momento en el que se consolida la agroindustria en el norte del Cauca, se dispone a través de la Ley citada arriba que cada institución educativa elabore su propio currículo “teniendo en cuenta las necesidades y características regionales” (Artículo 77, Ley 115 de 1994), organizado desde las áreas fundamentales del conocimiento y las optativas establecidas dentro de la Ley. Ello genera una tensión pues si bien el enfoque etnoeducativo, en especial el afrocolombiano, ha sido un logro de la emancipación de las organizaciones socio-políticas, no ha tenido el respaldo que los gobiernos, en los planes de desarrollo, le han dado el tema económico, siendo el aspecto social parte de su columna vertebral.
Con la Resolución 2343 de 1996 expedida por el MEN se adopta un diseño de lineamientos curriculares para todas las instituciones educativas y se establecen los logros que cada una desea alcanzar, (Aristizábal et al 2014, p. 117). Este proceso se evalúa a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en el marco del Sistema Nacional de Evaluación promovido en la Ley 115/94 o Ley General de Educación desde donde se acredita la calidad. De la acreditación en la superior, se legitima mediante la Ley 30 de 1992 basada en los Lineamientos de Acreditación de Programas.
En consonancia con lo anterior, de aquí en adelante, la política pública educativa se enmarca dentro del modelo económico mostrando la directa relación entre la educación y el desarrollo, poniendo en marcha diferentes estrategias que han logrado cimentar las bases del modelo neoliberal aplicado a la dinámica nacional. El progreso de las mismas motiva los ajustes, las reformas, las adopciones y adaptaciones que ayudan a la consolidación del modelo sin diferencias poblacionales que dan cuenta de la diversidad étnica y cultural representada en el 9.34%, del total de colombianos, según el DANE (2018).
Desde el análisis del contenido y la formulación de la política pública educativa se evidencia una separación entre la concepción del derecho a la educación y las políticas, los planes, programas y acciones en el sector educativo. A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, el Estado y sus instituciones han privilegiado la concepción de la educación como servicio y no como derecho humano, aunque se hable de derecho en la formalidad textual. (Figueredo Ramírez, 2016, p. 42)
En ese sentido, la creación de la Ley Páez, posterior a la publicación de la Ley 60 de 1993, legitima las nuevas transformaciones que industrializan el currículo visualizándose en la caracterización del campo curricular y en la incorporación de un nuevo agente, de conformidad con la división del trabajo del conocimiento. En el primer caso, hablamos de la diversidad en los tipos de instituciones en los niveles de secundaria y superior que son de carácter técnico u ocupacional y que están orientadas en la formación para el trabajo de sus estudiantes. Con la expedición de la Ley 115 de 1994 derivada de la Primera Ley Orgánica de Educación de 1903, no solo se consagran los fines de la educación nacional (Art. 5º) de conformidad con la Constitución Política de 1991 (Art. 67) y los objetivos específicos de cada nivel de enseñanza sino que se pasa de tres niveles a cuatro de los que emerge la educación media técnica, sus objetivos específicos y los establecimientos en los cuales se realiza esta práctica (artículos 32, 33 y 34) indicando la necesidad del personal docente especializado que preste el servicio educativo en las instituciones de educación media técnica y se establezca una coordinación con el Sena u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. Además, y la articulación con el nivel superior (Art. 35), regulado por la Ley 30 de 1992.
En cuanto a la incorporación de un nuevo agente, se manifiesta a través del ingreso del profesional no licenciado, encontrando sustento a partir del Decreto 3238 de 2004 referido a la reglamentación de los concursos que rigen la carrera docente y se determinan criterios, contenidos y procedimientos para su aplicación, y el Decreto 3982 de 2006 sobre el Concurso Abierto de Méritos (o Mayoritario) por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto- ley 1278 de 2002 y se establece el proceso de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación.
Lo anterior contrastado con el Decreto reglamentario 3323 de 2005 para el proceso de selección mediante concurso para los etnoeducadores afrocolombianos y raizales, siendo parte de sus principios la territorialidad, la identidad y la autonomía, evidencia estadísticamente dentro del período de este estudio (1996-2020), el interés decidido de los gobiernos por el sostenimiento industrial mediante la educación oficial. Así, la tabla 1 muestra que a través del proceso educativo, se ha garantizado el sostenimiento industrial desarrollando mayor número de convocatorias docentes que permiten el ingreso de los otros profesionales cuya necesidad la generó el establecimiento de la industria, dentro del contexto afronortecaucano, en contraste con la Etnoeducación para grupos étnicos basado en “un compromiso de elaboración colectiva en el que se intercambian saberes y vivencias orientados al desarrollo del proyecto de vida global” (Decreto 804 de 1995, artículo 1º).
Tabla 1
Estadística del concurso de méritos, Mayoritario (M) y Afrocolombiano
(A), para el ingreso a la carrera docente entre 1996 y 2020
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Años
caracterización de la convocatoria |
2004 |
2006
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2008
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2009
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2012
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2016
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M |
M y A |
M |
M |
M y A |
M |
Fuentes: Archivo propio y Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
A partir de estos datos podemos decir que por la manifiesta necesidad del servicio educativo de profesionales no licenciados formados bajo los fundamentos aplicados a la industria, se han realizado más número de convocatorias para proveer cargos en donde existan las vacantes que para desarrollar y fortalecer los principios de la Etnoeducación afrocolombiana en todas las instituciones estatales y privadas del país. Esta se apoya en los principios que recogen el pensamiento político de las comunidades desde los valores ancestrales, fundamentándose en la “autonomía para desarrollar sus procesos etnoeducativos en permanente construcción, contribuyendo al desarrollo del conocimiento y evaluar su propia cultura. Además, se enriquecen dinámicamente mediante la coexistencia con otras culturas, permitiéndoles fortalecerse y mantener su vínculo con el territorio” (Decreto 804 de 1995, artículo 2º).
Con base algunas de las evidencias testimoniales y documentales que hacen parte de un proceso en curso, podemos afirmar que aún existe un desconocimiento de la riqueza epistémica y epistemológica, de las comunidades afrocolombianas, que llenan de sentido los espacios de intercambio de la ancestralidad. Félix Banguero (militante activo del proceso social afronortecaucano- Proceso de Comunidades Negras – PCN- en Guachené), expresa que:
(…) “hoy estamos trabajando con unas organizaciones que tienen que ver con el tema de la finca tradicional con el propósito de sostener lo que aún nos queda que es muy pequeño en comparación a lo que había hace 40 años (…). La presencia de la industria y la agroindustria cambió la lógica anterior, individualizó la situación. Veníamos de una práctica de la finca tradicional vinculada a la familia. Ello incide de manera enorme en los patrones culturales que eran favorecidos por el manejo y el uso con su propio ritmo, con su propia dinámica; incluso con una expresión de autonomía. Eso es cierto y se ve reflejado hoy que hay una crisis cultural, una crisis identitaria y de valores en un segmento tan importante para la comunidad negra como es el concepto de familia. La gente pierde la posibilidad de los medios de producción y pasa a ser dependiente total: de manera cultural, económico, social (...) Agravado con el concepto de la familia extensa o extendida que es un patrón baluarte de la cultura afrodescendiente (…) hoy disfrutamos mucho menos por la pérdida de la vegetación y hasta el agua la vemos con gran preocupación afectando la misma seguridad alimentaria. Hemos tenido efectos tenaces”.
Ello indica cómo el poder económico consolidado en la última década del siglo pasado, ha asumido una postura desarrollista reflejada en las alteraciones de las dinámicas sociales de los afronortecaucanos, complejizándoles no solo su forma de vida sino la calidad de la misma. De ahí la emergencia de las organizaciones sociales como expresión de su resistencia, conservación y dignificación de la Afrocolombianidad. En este mismo sentido, Severo Valencia (Representante legal del Consejo Comunitario Brisas del Río Palo de Guachené) comenta:
Yo considero que la industria no ha sido tan importante para nosotros lo guacheneceños en el tema de la finca tradicional, ya que cuando llega la Ley Páez se abre la oportunidad para emplear a mucha gente, pero esta propuesta, desafortunadamente hay que decirlo, no ha traído consecuencias importantes dentro de nuestra cultura del campo, hablando de la finca tradicional econativa, ya que muchos empresarios necesitan gente calificada y esa calificación no se podía conseguir en Guachené. Desafortunadamente en el inicio de este proceso la mayoría de las personas eran de otros lugares, situación que conllevó a que nuestros jóvenes empezaran a capacitarse y se dio la lucha para que se le diera oportunidades a la gente para que labore y los hay pero que hayan ayudado a que se mantenga la tradición, la cultura de la finca tradicional, no ha sido exitosa. La industria no ha puesto los ojos en esa esencia que todavía tenemos nosotros como la finca tradicional. En conclusión, creo que no ha habido una respuesta encaminada hacia fortalecer esa esencia tradicional en cuanto a la oralidad y esa cultura de sembrar, de cosechar, de mantener firme esa seguridad alimentaria que hay allí. Ahora con todos los problemas que se nos han venido, hay bastante preocupación por volver al campo, de una forma u otra, tratar de ayudar, decimos que nunca es tarde pero el tiempo que no se aprovecha, dicen que los santos lo lloran.
Claramente, la Ley Páez no le trajo beneficios a la comunidad guacheneceña si se tiene en cuenta la pérdida de una parte importante de su territorio y con ello su autonomía. Si bien un gran número de integrantes de esta comunidad depende o del sector azucarero o del industrial, también existen las organizaciones de campesinos e indígenas, que habitan dentro la región afronortecaucana, que han sentido afectaciones tanto sociales como ambientales. Así, las Asociaciones Nacional de Usuarios de Campesinos de Colombia (ANUC), la de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y Procesos de Comunidades Negras (PCN) indican que:
Desde hace más de 17 años en el Norte del Cauca, las organizaciones de afros, campesinos e indígenas, hemos articulado nuestras luchas. Primero desde la creación y fortalecimiento de espacios de diálogo, y luego desde la construcción de rutas estratégicas para la acción conjunta. A partir del año 1986, se activaron distintas movilizaciones, por las afectaciones que generaban la presencia de sectores industriales y la carencia en la cobertura y buena prestación de servicios públicos en nuestros territorios” (ANUC, ACIN, ACONC, PCN, 2019, p.5).
El establecimiento de las empresas generó una fuerte ruptura con el territorio perdiendo el control sobre él; además, los despojó de lo propio, de ser autónomos y solidarios y transformó, nuevamente, el paisaje pasando de las prácticas agrícolas ancestrales a las prácticas técnicas industriales. Por lo anterior, la zona afronortecaucana con marcadas características étnico culturales e históricamente habitada por dichas comunidades, fue declarada, en 2019, por el Consejo Territorial Interétnico como Región Interétnica en Intercultural de Resistencia y Convivencia Pacífica como expresión de las luchas libradas por el respeto a sus derechos y a sus principios.
A modo de conclusión
A lo largo de la historia de Colombia, particularmente desde inicios del siglo XX, hasta el cierre del mismo y en el marco de la naciente República, la respuesta gubernamental a las crisis sociales ha sido mediante el impulso de la industria establecida en los territorios afrocolombianos, afectando notoriamente a esta población en las dimensiones – político social, pedagógica, lingüística, ambiental, espiritual, investigativa e internacional- que comprometen la esencia de su ser como sujeto étnico cultural. Es decir, el ciclo se repite.
El modelo económico impuesto en Colombia, en las primeras décadas del siglo XX, conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones –ISI- ha sido muy beneficioso para el desarrollo en términos de acumulación de capital y, altamente, perjudicial para el etnodesarrollo el cual permite efectuar acciones con perspectiva territorial y ambiental siendo el espacio de vida en comunidad.
La expedición de la Ley Páez o Ley 218 de 1995 dio paso a un segundo y drástico cambio del paisaje del norte del Cauca produciendo una nueva crisis al interior de las comunidades afronortecaucanas al arrebatarles sus tradiciones de supervivencia obligándolos a convertirse en seres doblemente invisibles dentro de su propio territorio.
El sistemático impulso a la industria ha permeado la cotidianidad citadina y rural cuyo alcance se refleja, también en el currículo, garantizando un proceso de larga duración como se hizo manifiesto en la primera Ley Orgánica de Educación de 1903 que permitió la emergencia de la enseñanza industrial en las escuelas primarias y que, a lo largo de nuestra historia, conserva las mismas garantías a través de la vigente Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.
La historia ha mostrado que las dos Leyes Orgánicas Educativas, la primera con vigencia de casi un siglo y, la segunda, aún vigente, se construyen desde y para favorecer el desarrollo concebido desde el modelo económico formando a la población afronortecaucana para un desempeño técnico legitimando “la necesidad del servicio” e invalidando aquellos saberes ancestrales que fundamentan la Africanidad, la Afrodescendencia y la Afrocolombianidad.
Ser sujetos de derecho también implica realizar acciones endógenas que promuevan el fortalecimiento de la identidad, el autorreconocimiento, la preservación de la memoria colectiva, de la cultura, de las tradiciones y de su etnodesarrollo, pues la construcción y la consolidación de la identidad étnico cultural, conforma un sistema social con características particulares frente a la sociedad en general.
El actual sistema educativo en América Latina en general y en Colombia en particular, ha arrastrado el intervencionismo extranjero que ha hecho que las políticas educativas se configuren de manera descontextualizada y desorganizada incidiendo, negativamente, sobre los agentes que participan del proceso educativo lo que conlleva a ampliar las brechas de inequidad, justicia social, cultural y epistémica que sin los movimientos sociales que representan a las comunidades de pensamiento afrocolombiano y de conocimiento oficial emergidos en la década del setenta, no son posibles de visualizar.
Referencias
Acevedo Vélez, J.J. (2009). La planeación nacional y los planes de gobierno: una mirada al desarrollo social, político y económico de Colombia. Revista Ciencias Estratégicas (22), 291-308. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/7499/Art%c3%adculo%209.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Albán Moreno, A., García Muñoz. D., Muñoz Ortíz, M., Rodríguez Montezuma, J., Zapata, H.D. (s.f.). Estudios socioeconómicos Municipales. Observatorio Socioeconómico del municipio de Guachené 2. Cali: Universidad Libre de Colombia. https://es.calameo.com/read/0000050961cd557858e90
Alonso Cifuentes, J.C., Ochoa Díaz, Héctor, Mora, J.J. y Jaramillo M.C. (s.f). 10 años de la Ley Páez Impacto Económico Resumen Ejecutivo. Centro de Investigación en Economía y Finanzas Universidad Icesi. https://www.icesi.edu.co/centros-academicos/images/Centros/leypaez/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
Asociación Nacional de Usuarios de Campesinos de Colombia (ANUC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y Procesos de Comunidades Negras (PCN) (2019). Plan de vida Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca Consejo Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca.
Archivo de la Gobernación del Cauca. Decreto 0653 de 2006.
Banco de la República (1990). Discurso de posesión del señor Presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo (agosto 7 de 1990). Revista Banco de la República (754), 13-23. https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/12954/13346
Cálix Rodríguez., J.A. (2016). Los Enfoques de Desarrollo en América Latina – hacia una Transformación Social-Ecológica. Análisis, 1, 1-34. file:///D:/Documents/proyecto%20de%20tesis-USB/BORRADORES/resultado%20evaluaci%C3%B3n%20proyecto/industria%20en%20AL/El_debate_sobre_los_enfoques_de_desarrol.pdf
Castillo Guzmán, E. (2008). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. Revista Educación y Pedagogía (52), 15- 26. file:///D:/Downloads/Dialnet-EtnoeducacionYPoliticasEducativasEnColombia-3074529%20(3).pdf
Collazos Tintinago, Y.E. (2017) (Tesis de Maestría). Procesos de industrialización y transformaciones sociales del campesinado en Guachené (Cauca) 1970-2015. Universidad del Cauca. http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/148/PROCESOS%20DE%20INDRUSTRIALIZACI%C3%93N%20Y%20TRANSFORMACIONES%20SOCIALES%20DEL%20CAMPESINADO%20EN%20GUACHEN%C3%89%20%28CAUCA%29%201970-2015.pdf?sequence=1
Congreso de la República de Colombia (1995). Ley 218 de 1995 Diario Oficial número 42.117. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1655692
Congreso de la República de Colombia (1993). Ley 60 de 1993 Diario Oficial número 40.987. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1789477
Congreso de la República de Colombia (1993). Ley 70 de 1993 Diario Oficial número 41.013. Decreto reglamentario 804 de 1995. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1169166
Corte Constitucional de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia Gaceta Constitucional número 114. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
Escobar, A. (1986). La invención del desarrollo en Colombia. Lecturas de Economía (20), 10-35. file:///D:/Downloads/Dialnet-LaInvencionDelDesarrolloEnColombia-4833620.pdf
Escobar, A. (2005). Más allá del Tercer Mundo. Globalización y Diferencia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH-. https://studylib.es/doc/5130103/m%C3%A1s-all%C3%A1-del-tercer-mundo.-globalizaci%C3%B3n-y-diferencia.-20
Figueredo Ramírez, C.A. (2016). (Tesis de Maestría). Las políticas públicas educativas en Colombia y su pertinencia en los planes de desarrollo 2004-2018. Universidad San Buenaventura- Cali. https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/52a32ec7-6254-4b51-9cb9-aa78e3fdb6a5/content
Lago de Vergara, D., Aristizábal, M., Navas Ríos, M. E. y Agudelo Ríos, M. C. (2014). Evolución del campo del currículum en Colombia (1970-2010). En Díaz- Barriga, A. y García Garduño, J. M. Desarrollo del currículum en América Latina Experiencia de diez países (págs.105-152). Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. https://www.researchgate.net/publication/319406641_Evolucion_del_campo_del_curriculum_en_Colombia_1970-2010
Mañunga Arroyo, A.M. (2015). Un paso adelante y dos atrás: Lógicas de mercado y políticas de exclusión en Colombia. Trans-pasando fronteras, (8), 19-35. file:///D:/Downloads/Dialnet-UnPasoAdelanteDosAtras-5593649.pdf
Memorias del Primer Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos Universidad del Cauca Popayán, octubre de 2001. file:///D:/Documents/proyecto%20de%20tesis-USB/resultado%20evaluaci%C3%B3n%20proyecto/movimiento%20social%20afronortecaucano/Teodora%20Saa-%202001.pdf
Ministerio de Educación Nacional (1992). Ley 30 de 1992. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ministerio de Educación Nacional (2002). Decreto 1278 de 2002. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
Nájar Martínez, A. I. (2006). Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990 -2004). Revista Apuntes del CENES, 26(41), 85-106. https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1365
Vanegas, M. (19 de febrero de 2008). Para declarar zona franca permanente el área de la Ley Páez, el Gobierno prepara decreto. Proclama Cauca y Valle. https://www.proclamadelcauca.com/para-declarar-zona-franca-permanente-el/